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  • Regulación de la compraventa de oro en España

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    Fuente: TheGoldHouseOnline

    Aunque la compra de metales preciosos, ya sea de forma física o como acciones, no es algo nuevo, sí es cierto que la crisis económica de los últimos años ha llevado a la proliferación de los negocios de compraventa de oro y, con ella, un aumento de los intentos de fraude en el sector.

    Al mismo tiempo, la normativa vigente en España incluye diferentes impuestos que presentan puntos de fricción a la hora de aplicar la correspondiente tributación de piezas de plata y oro. Además, al no existir un marco de regulación en el territorio nacional, ya que algunos de los gravámenes están transferidos a las comunidades autónomas, hay empresas del sector que se quejan de la ausencia de un criterio de actuación común.

    Para tratar de clarificar este escenario, repasamos la actual normativa en España en cuanto a la tributación de oro y plata y en lo referente a las medidas puestas en marcha de cara a mejorar la transparencia y la seguridad de las transacciones en el sector.

    Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

    Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de considerar la normativa reguladora es el tipo de producto, ya que al oro de inversión se le aplica un régimen especial por el que se encuentra exento de pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en todos los países miembros de la Unión Europea, según una normativa propia. En ella se considera “oro de inversión” las barras o lingotes (el oro físico) de una pureza igual o superior al 99,5%, dando a los estados la opción de excluir de esa categoría las de peso igual o inferior a un gramo; y las monedas de oro de una pureza superior al 80%, acuñadas después de 1800, de curso legal en el país de origen ahora o en el pasado y cuyo precio de venta no supere el valor del oro que contienen en más del 80 %, ya que se considera que “no se venden por su valor numismático”.

    Los lingotes y monedas de oro que no cumplan las anteriores condiciones tendrán que pagar el IVA del 21%, el mismo tipo que se aplica por la compra del resto de metales preciosos, incluida la plata, según el decreto 77/388/CEE que especifica cómo tributan el oro y la plata en la Unión Europea. Los fondos cotizados o EFT (Exchange-Traded Funds) y la compra de acciones de empresas mineras también están exentos del pago del IVA.

    A la hora de vender la cosa cambia, ya que tanto si se trata de commodities físicos como de acciones el propietario deberá incluir en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las ganancias patrimoniales que genere la transacción del metal precioso y tributar por ellas, con una única excepción: los fondos de inversión. En ese caso, y siempre que la ganancia se invierta en un nuevo fondo de inversión, el contribuyente no estará obligado a tributar por la ganancia conseguida.

    Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO)

    El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) es un gravamen dependiente de la Consejería de Hacienda de cada comunidad autónoma que se enmarca dentro del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Este canon, regulado por Real Decreto en 1993, grava todas las operaciones que impliquen una transmisión de patrimonio entre las personas.

    Como esta ley impide que una misma operación esté sujeta al gravamen de dos impuestos al mismo tiempo, resulta incompatible con el Impuesto sobre Operaciones Societarias, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre el Valor Añadido. Además, se establece que no entran en el concepto de “transmisiones patrimoniales onerosas” las operaciones realizadas por profesionales en el desempeño de su actividad empresarial. Hasta aquí todo claro.

    Sin embargo, al estar transferido a las comunidades autónomas son ellas las que fijan los baremos para su aplicación -y, surgen, por tanto, diferencias territoriales-. Por ejemplo, hace años en La Rioja la administración reclamó con carácter retroactivo el pago de este impuesto -y los gastos de recargo que conlleva su impago- al considerar que cuando la venta la hace un particular y el empresario es el sujeto pasivo en la transacción del oro, la operación debe cumplir con la tributación del ITPO.

    Pero mientras, existen sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña (TSJC) y de Andalucía (TSJS) que rechazan ese argumento. Un peldaño por encima, el Tribunal Supremo ha tirado para atrás las tesis del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de obligar a empresas de compraventa a pagar el gravamen del 4%, una sentencia que según fuentes jurídicas aún no ha sentado jurisprudencia.

    Esa misma incompatibilidad se da en el caso de las islas, como recoge la Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias (LIGIC), entre el ITPO y el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), un tributo que también grava las transmisiones onerosas de bienes y derechos en el negocio de la compraventa del oro. En este caso, el Gobierno de Canarias está de acuerdo en diferenciar dos tipos de transmisiones: las de un vendedor (particular) de joyas a una tienda, que no están sujetas al IGIC sino a la modalidad TPO del ITPAJD, y las que posteriormente realiza la tienda a un tercero, que al estar realizadas por un empresario en el ejercicio de su actividad estarían sujetas al IGIC.

    Plan Operativo Funcional Oro (POFO)

    Por otra parte, el auge de los establecimientos de compraventa de oro, que se disparó en los años de mayor crisis económica, así como el aumento de robos en viviendas y el consiguiente incremento del volumen de tráfico ilícito de metales preciosos, hizo que desde las administraciones se vieran obligados a tomar medidas que reforzaran la lucha contra la actividad ilegal que se había disparado en el sector y que crearan un marco de seguridad y de transparencia.

    En ese contexto se enmarca el Plan Operativo Funcional Oro (POFO), un programa nacional desarrollado a mediados de 2012 por la Dirección Adjunta de la Policía Nacional (DAO) a través de las áreas de Policía Judicial y de Seguridad Ciudadana, con el que se pretendía reducir los fraudes mediante una serie de medidas de carácter preventivo, disuasorio y sancionatorio:

    • Aumento de las inspecciones policiales.
    • Mayor control de los requisitos documentales en los centros de compraventa.
    • Incremento del número de efectivos policiales destinados a la observación en el entorno físico de la compraventa de metales preciosos.
    • Endurecimiento del régimen sancionatorio -la infracción penal vinculada al tráfico de metales preciosos está regulada en los artículos 298 -304 del Código Penal y va desde la inhabilitación para ejercer o multas económicas hasta penas de cárcel de seis años-.
    • Fomento de la coordinación policial con la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

    Una de las prácticas más habituales que se llevan a cabo en los delitos de estafa y fraude es la fabricación y distribución de piezas de oro fraudulentas -por ejemplo, joyas elaboradas con otros materiales y rematadas con un baño de oro que son vendidas al peso en el mercado con la calificación de oro macizo-.

    Pero las investigaciones policiales no sólo buscan desarticular redes fraudulentas a gran escala, sino que los controles policiales también se encargan de comprobar que el establecimiento cumpla requisitos como tener instrumentos de medición fiable que cumplan la normativa de transacciones comerciales o conservar los productos adquiridos al menos los 15 días que establece la ley.

    A pesar de los éxitos del plan, desde el sector de la compraventa de oro se escuchan quejas que apuntan en la misma dirección que la cuestión anterior: existe una falta de consenso a la hora de llevar a cabo esas inspecciones que hacen que ni la documentación exigida ni los controles realizados sean los mismos en las diferentes comunidades autónomas.

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